En el año 2013 entró en vigor el certificado de eficiencia energética en nuestro país, un documento en el que se hacía constar el consumo de energía en un inmueble, determinado por una letra que va desde la “A” a la “G”. Este plan, forma parte de un proyecto europeo en el que se pretende conocer el nivel de eficiencia en los hogares y su impacto medioambiental, en un intento de reducir las emisiones de CO2, contaminante que ha provocado la actual crisis climática, debido a la sobreexplotación de combustibles tóxicos como el petróleo y el carbón.

Ante este panorama, el Gobierno español aplicó esta normativa para intentar frenar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos. No obstante, según los datos, todavía es necesario mejorar en materia de eficiencia energética, el 84% de las viviendas que se han etiquetado durante los primeros 3 años obtuvieron las letras “E”, “F” y “G”, es decir, calificaciones muy bajas. En este sentido, es importante contextualizar que el valor de las letras se otorga en base, por un lado, al nivel de ahorro de energía para la economía familiar, por otro, como en el impacto medioambiental generado; siendo “A” la nota más alta (con mayores beneficios).

El certificado de eficiencia energética es obligatorio para todas aquellas viviendas que se van a poner en venta o en alquiler, de tal manera que los futuros inquilinos tengan constancia de la eficiencia del inmueble y si son capaces de reducir en su factura de electricidad o gas. Esta etiqueta es otorgada por un profesional cualificado tras analizar todos los factores que afectan al espacio habitable del inmueble.

Según los expertos, un hogar con una calificación alta en ahorro de energía puede lograr incrementos de hasta +50% de eficiencia y, por lo tanto, este factor atraerá a un mayor número de compradores e inquilinos.