Ley de cambio climático y transición energética

Ley de cambio climático y transición energética

La ley de cambio climático y transición energética responde a los compromisos de España, tanto a nivel internacional como europeo. La idea es promover la descarbonización de la economía española, garantizar la transición a un modelo de economía circular y promover la adaptación a los efectos del cambio climático.

Así como la implantación de modelos de desarrollo sostenible. Se trata de un documento muy esperado y ambicioso que fija los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de nuestro país. Establece un plan para alcanzarlos y envía una señal clara y decisiva a los sectores productivos.

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Ley de cambio climático y transición energética y sus objetivos

La ley establece cuatro objetivos nacionales mínimos para 2030. Estos objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) son:

  • Para 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto a los niveles del conjunto de la economía española de 1990
  • Aumentar la penetración de las energías renovables en el consumo final de energía hasta al menos el 42% en 2030
  • Para 2030, lograr un sistema eléctrico con al menos un 74% de electricidad generada a partir de fuentes renovables
  • De acuerdo con la normativa de la UE, mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía en al menos un 39,5% en relación a la línea de base

La ley establece que España debe alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además insta a que el sistema eléctrico debe estar compuesto en su totalidad por fuentes de energía renovables.

Para cumplir estas condiciones previas, se incluyen como instrumentos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización 2050.

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Ley de cambio climático y transición energética – Puntos clave

Existen puntos clave que esta ley enmarca y por la cual deben ser puestas en marcha para poder cumplir con los objetivos establecidos:

Energías renovables y eficiencia energética

El Gobierno considera que la eficiencia energética y la introducción gradual de las energías renovables son un instrumento clave para la estimulación económica a corto plazo. Además es un pilar de la descarbonización.

Se espera que estas impulsen otros sectores. También mejoren la competitividad de las empresas y la industria, e incluso empoderen a los ciudadanos al situarlos en el centro del sistema energético.

Otros temas tratados son:

  • La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la instalación de instalaciones de energía solar para consumo privado en las comunidades de vecinos en el plazo de un año
  • La generación de energía en aguas públicas, y
  • Los planes de reconstrucción de viviendas y regeneración urbana.

Es por ello que la certificación energética juega un papel importante en este punto, ya que debes estar al día al momento de vender, alquilar o reconstruir una propiedad. Puedes visitar certificadodecasa.com, y allí solicitar tu certificación energética. En certificado de casa también puedes solicitar la cédula de habitabilidad.

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Transición energética y combustible

Según las Naciones Unidas, los combustibles fósiles representan el 80% de la actual demanda mundial de energía primaria. Y el sistema energético es responsable de unos dos tercios de las emisiones mundiales de CO2. Por ello, la nueva ley pretende acabar con el dominio de los combustibles fósiles.

Por otro lado, el fomento de los gases renovables, como el biogás y el hidrógeno, los combustibles producidos exclusivamente a partir de materias primas y fuentes de energía renovables, o los combustibles elaborados a partir de residuos orgánicos reciclados o subproductos animales y vegetales, se verá facilitado por la aprobación de planes específicos.

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Movilidad y transporte sin emisiones

El sector del automóvil, al igual que el de la energía, tiene objetivos muy ambiciosos. En este caso, de acuerdo con la normativa de la UE, el objetivo es conseguir una flota de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 para 2050.

Para ello, en consulta con el sector, se establecerán medidas para promover el uso de estos vehículos, incluidas medidas de apoyo a la investigación y el desarrollo.

La ley también hace especial hincapié en la movilidad urbana. También obliga a los municipios de al menos 50.000 habitantes y a las regiones insulares a adoptar planes de movilidad urbana razonable e introducir medidas para reducir las emisiones asociadas a la movilidad a más tardar en 2023.

Debido a la importancia de la protección de los ecosistemas marinos, la movilidad marina es también un punto de atención de la ley.

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Impactos del cambio climático y sus medidas adaptables

Adaptarse a los nuevos escenarios provocados por el cambio climático es tan importante como mitigar sus efectos.

Por ello, la nueva ley prevé un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que pretende definir objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para promover la adaptación al cambio climático.

Este plan se materializa mediante un programa de trabajo en períodos de cinco años y planes de adaptación sectorial.

La ley también incluye un apartado sobre la protección de la biodiversidad. Estas proporcionará estrategias específicas en un plazo de tres años para la conservación y recuperación de ecosistemas principalmente a los que son más vulnerables a los efectos del cambio climático.

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Medidas de transición justas

El objetivo de estas medidas es el mismo que el de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. Esto significa, entre otras cosas, facilitar la identificación de grupos, sectores, empresas y regiones que son potencialmente vulnerables en la transición a una economía baja en carbono.

Estas medidas se plasman en la Estrategia de Transición Justa. Aquí el objetivo es optimizar la actividad y las oportunidades de empleo en la transición a una economía baja en carbono, Además, identificar y adoptar medidas que garanticen un trato justo y solidario a los trabajadores y las regiones en esta transición.

De este modo, la ley sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción política, como vectores clave para que la economía y la sociedad construyan un futuro y creen nuevas oportunidades socioeconómicas.

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